Participación ciudadana: “Lo importante es cómo diseñar mecanismos adecuados, informados y eficaces”

[27-05-2012]

La participación ciudadana es uno de los temas que más interés ha centrado en materia de gestión pública. Ella ha ocupado el interés tanto de autoridades, ciudadanos, y académicos. En el ámbito del estudio de la administración pública, los estudiosos han procurado entender cómo es posible que los ciudadanos puedan participar en el diseño y gestión de políticas públicas, así como en la provisión de servicios públicos.

En esa línea, se inscribe el artículo, “Participación Ciudadana en la Reglamentación Administrativa en Estados Unidos y Puerto Rico: Premisas y Nuevos Paradigmas”, escrito por William Vázquez Irizarry, y que forma parte del primer número de Revista de Gestión Pública.

El trabajo discute, desde el punto de vista del Derecho Administrativo, por qué se han creado mecanismos de participación ciudadana en materia de reglamentación administrativa. El texto analiza las modalidades de funcionamiento de estas iniciativas, y reflexiona sobre nuevas posibilidades en la materia a través del uso de Internet.

A la espera de la publicación del artículo, presentamos una conversación con su autor, en la cual se refiere a los procesos de reglamentación administrativa como un foco de interés académico.

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¿En qué consiste el proceso de participación ciudadana en la reglamentación administrativa en Puerto Rico y cuál es su importancia?

El proceso de adopción de reglamentación administrativa en Puerto Rico requiere que todo órgano público publique un aviso en un periódico de circulación general donde invite a la ciudadanía en general a someter comentarios por escrito durante un periodo de 30 días.  Diez años atrás este proceso fue radicalmente influenciado por una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico donde se interpretó que el gobierno está obligado a rendir cuentas por la manera en que atiende los principales comentarios recibidos. Se trata de un desarrollo muy importante que todavía requiere mayor estudio.

¿Por qué este tema ha llamado su atención y lo ha llevado a investigarlo?

Nadie podría negar que los estudios sobre participación ciudadana en la toma de decisiones en el ámbito público, es algo que está en boga.  Mi apreciación, sin embargo, es que los estudios existentes usualmente se enfocan en casos de participación en el gobierno local o en ámbitos sectorialmente definidos.  En cambio, el esquema de participación que antes describí es de índole nacional y aspira a crear un espacio donde puede participar cualquier ciudadano.  Eso es lo que me llama la atención. Me parece que el reto para comprender la viabilidad de este tipo de esquema es mayor y requiere, además de en “creer” en la participación ciudadana, concentrarse en cómo diseñar mecanismos adecuados, informados y eficaces.

¿Qué podríamos aprender en otros países de América Latina a partir de la experiencia puertorriqueña y norteamericana?

Diría que la necesidad de procurar entender por qué la gente participa y por qué no lo hace. En Puerto Rico, aun cuando la decisión del Tribunal Supremo en 2002 dotó al participante de una importante herramienta para hacer efectiva su inserción en el proceso, la realidad es que esto no se ha traducido en más participación.  En Estados Unidos la pasada década se ha caracterizado por tratar de facilitar este tipo de participación a través de plataformas electrónicas. Sin embargo, esto tampoco ha propiciado los niveles de participación que se auguraban a base de las promesas del Internet.

Aunque son señalamientos a experiencias negativas, el valor de las mismas es crear conciencia de que no es suficiente con crear espacios de participación. Cómo diseñar los mismos requiere entender las razones que tienen los ciudadanos para participar y crear expectativas razonables al respecto. Esto supone un trabajo multidisciplinario, donde las normas jurídicas estén al servicio no solo de principios teóricos de democracia participativa, sino que incorpore incluso una comprensión de la sicología que permitan entender percepciones públicas de confiabilidad y legitimidad.

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William Vázquez Irizarry es Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Puerto Rico.  Cuenta con un Bachillerato en Ciencias Políticas y un Juris Doctor de la misma universidad, obteniendo posteriormente un grado de maestría en Derecho (LL.M.) del London School of Economics and Political Science, en el Reino Unido. Previo a enseñar ocupó varias posiciones en la función pública, incluyendo Ministro de Justicia.